Ciberpatrullaje de fuentes abiertas (OSINT) en Argentina

Desde hace algunos años, la compra y venta de drogas a través de plataformas de chat se volvió una práctica súper común en Argentina. Hay al menos dos metodologías. La compraventa a conocidos y/o a desconocidos.

Con conocidos es sencillo y suele estar acotado a la marihuana: algún cultivador arma una lista de difusión y por ahí manda las novedades a un círculo de confianza. Se maneja con pocas reservas porque conoce a cada persona que le compra. Y si no la conoce, es que llegó por alguna referencia del grupo.

La venta a desconocidos, en cambio, suele tener otros vericuetos. En general se hace desde grupos de Telegram y siempre se trata de alguna genética premium, cultivo hidropónico y demás técnicas modernas que permiten vender el gramo alrededor de los 8-12 USD (algún día deberíamos hacer un agregador de precios). Aunque también se ofrecen otros productos del mercado de drogas: pastillas de éxtasis, tusi, cocaína, ketamina y un largo etcétera. O sea, digamos, anfetamina cortada con diferentes nombres (?). En esos grupos se suele exigir que no haya identificaciones personales y que los usuarios se mantengan anónimos, bajo amenaza de doxxeo.

En general, las entregas son en modalidad delivery y las transacciones se hacen en efectivo, criptomonedas o bien con billeteras digitales, dependiendo del nivel de persecuta de ambas partes. Hasta acá, lo normal. De hecho esta práctica se volvió tan popular que existe literatura académica al respecto. Matías Dewey y Andrés Buzzetti publicaron en 2023 este trabajo sobre cómo la aparición de platataformas de chat seudoanónimas, como Telegram, permitió el florecimiento de la compra-venta de drogas en línea en Argentina.

Es probable que la creación del Reprocann haya aumentado la laxitud de las fuerzas de seguridad con este tipo de "narcomenudeo" bancado por un tácito laissez faire, laissez passer. Sin embargo, y pese a que quizá no sucede con tanta frecuencia, la policía cuenta con las herramientas necesarias para supervisar las redes en busca de delitos.

Si bien esta postura no es novedosa, la reciente circular del ministerio de seguridad 428/2024, referida al "ciberpatrullaje", refuerza las posibilidades en este sentido. La policía está habilitada para hacer inteligencia de fuentes abiertas. O como se conoce en inglés: OSINT (Open Source Intelligence).

(OSINT) Inteligencia Criminal de fuentes abiertas en Argentina

ARTÍCULO 1°.- Las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales deberán adecuar su conducta a las siguientes pautas, principios, criterios, recomendaciones y directivas para las labores preventivas de los delitos que se desarrollan en ambientes cibernéticos. Dichas tareas preventivas se llevarán a cabo únicamente mediante el uso de sitios web de acceso público y fuentes digitales abiertas entendiéndose estas como los medios y plataformas de información y comunicación digital de carácter público, no sensible y sin clasificación de seguridad, cuyo acceso no implica una transgresión al derecho a la intimidad de las personas, conforme lo normado en la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 y sus normas reglamentarias.

La inteligencia de "fuentes abiertas" es una de las variedades más comunes para recopilar información pública de usuarios registrados en redes digitales. Si bien esto no implica una novedad, teniendo en cuenta el perfil de seguridad desarrollado por la ministra Patricia Bullrich y la reciente cooperación de agencias de inteligencia extranjeras en conjunto con las locales, es de suponer que habrá un aumento de esfuerzos en esta dirección.

En este sentido, la resolución 428/2024 establece en su Artículo 2º que "las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales desarrollarán labores preventivas en el espacio cibernético" en relación con una serie de temas, de los cuales el primero mencionado son las "infracciones y conductas contempladas en la Ley N° 23.737".

Cabe recordar que la Ley N° 23.737 es la conocida "Ley de Drogas". Por lo cual, a partir de esta resolución y el perfil "duro" que desarrolla la ministra de Seguridad respecto a la compraventa de drogas ilegales, es muy probable que se note un considerable aumento del rastrillaje en los diferentes sistemas de chat como pueden ser WhatsApp, Telegram e incluso Discord.

La cercanía del actual gobierno con agencias como la CIA o la inteligencia de Israel (cuyo principal producto de exportación de espionaje es el software Pegasus) hace suponer que tanto la nueva inteligencia local así como las fuerzas de seguridad empiezan a tener una mayor capacitación en este plano.

Un Minority Report argento

A esto se suma la última actualización respecto de este tema, que es la decisión de las fuerzas de seguridad de empezar a "automatizar" estos rastrillajes a través de "inteligencia artificial". La resolución en cuestión es la 710/2024, que establece:

ARTÍCULO 1°.- Créase la UNIDAD DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA SEGURIDAD (UIAAS), que funcionará en la Dirección de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos dependiente de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES.

ARTÍCULO 2°.- La UNIDAD DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA SEGURIDAD (UIAAS) estará encabezada por el Director de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos e integrada por las áreas de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales competentes en la materia, cuyos representantes serán designados por la autoridad máxima de cada una de esas fuerzas.

Básicamente, la norma establece el marco legal para la utilización de una posible herramienta que permita analizar de forma algo automatizada y escalable los inmensos volúmenes de información que se genera en diferentes plataformas sociales, en especial las de mensajería instantánea. La noticia parece salida de Minority Report, el cuento de Philip K. Dick donde la policía cuenta con una división de anticipación de crímenes.

Con la creación de un marco regulatorio que lo permite y la aparición de nuevos jugadores en la investigación criminal, es probable que la recopilación y análisis de datos de fuentes abiertas se convierta en una tendencia en el corto y mediano plazo. Aunque también vale aclarar que, si bien las condiciones están dadas, esto no deja de ser Argentina y muchas de estas declaraciones rimbombantes luego terminan por chocar con la realidad presupuestaria y administrativa de las instituciones que deben implementarlas.

Más allá de eso, es recomendable para quienes utilicen estos medios de intercambio tener en cuenta los nuevos lineamientos del "metajuego" y aumentar los cuidados con los acercamientos tan silvestres al intercambio de información y/o dinero cuando se trata de prácticas que, si bien hasta ahora fueron toleradas, son abiertamente ilegales.

Reforma de la Policía Federal Argentina 2025

Tal como era plausible de anticipación a raíz de lo expuesto más arriba, el martes 17 de junio de 2025 la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció una serie de medidas (publicadas en el Boletín Oficial) con el objetivo de dotar a la Policía Federal de nuevas herramientas jurídicas que permitan desarrollar las actividades de ciberpatrullaje por parte de esta fuerza, sin la necesidad de intervención previa de un juez. Leemos en el punto número 11, del artículo 6° del Anexo del nuevo decreto:

11.- Realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas, conforme a las pautas y principios rectores dictados para dichas actividades por la autoridad competente. Estas tareas de prevención del delito deberán respetar la protección de los datos personales, la libertad de expresión, la intimidad y la privacidad de las personas.

Esto se enmarca en una restructuración administrativa y funcional completa de la Policía Federal, a través del decreto decreto 383/2025 que modifica de forma directa y sustituye el decreto previo de 1958 que había determinado sus organización y funciones. En ese marco, buscará convertir a la Policía Federal en una agencia de investigación que monitoree todo el territorio federal de una forma equivalente al FBI norteamericano, incorporando nuevas herramientas, estructuras administrativas y competencias.

Es en el marco de esta reforma, se refuerza la tendencia antes mencionada en este artículo, que dotará de mayor autonomía a la Policía Federal en tareas de ciberpatrullaje y que podrá conducir de forma autónoma sin necesidad de informar a un juez. Es decir que dentro del "respeto a la intimidad y privacidad de las personas", la policía podrá armar sus propias bases de datos, recopilar información pública y de esta forma "perfilar" a cada ciudadano acorde a sus necesidades de investigación.

Un enfoque que ya ha sido criticado por diferentes organismos de derechos humanos, dada la flexibilidad del mismo, pero que no es una novedad sino que intensifica una dirección ya asumida por el Estado Nacional hace largo tiempo: aumentar los sistemas de vigilancia digitales sobre la población en el marco de un aumento exponencial de disponibilidad de herramientras electrónicas.

Resta saber (y esto sólo lo dirá el tiempo) si estas nuevas herramientas de investigación criminal será usadas también con fines políticos.